El comercio genera en agregado beneficios en tanto los países que participan de él aumentan sus posibilidades de consumo -cuantitativa y cualitativamente- y sus posibilidades de producción. Al menos la mayoría de economistas coinciden en eso. En ese sentido, un Tratado de Libre Comercio entre dos países, en principio es beneficioso para los dos.
El imperialismo y las violaciones a la soberanía, son en cambio, perjudiciales para quien los sufre. Dejar que un estado extranjero decida sobre asuntos nacionales es irresponsable, peligroso y antidemocrático. Los pobladores de un país, por lo general, no eligen a un gobierno para que este deje que un gobierno extranjero decida qué leyes son mejores para ellos. Cuando esto sucede se crean conflictos, no necesariamente por la agitación de sentimientos nacionalistas, si no muchas veces porque las reglas de juego que un país pretende imponer al escenario interno de otro no tienen nada que ver con la visión de los pobladores del segundo sobre cómo deberían ser las reglas de juego.
En particular, esto último es muy común como resultado de negociaciones de tratados de libre comercio. Es usual que se incluyan en estos secciones sobre cuestiones que poco o nada tienen que ver directamente con la libertad del comercio, con argumentos falaces basados en la supuesta lógica que dice que para poder ganar con el comercio se tiene que comerciar con un país que cuenta con reglas de juego similares a las propias (leyes laborales, estándares ambientales, etc). Esta lógica, sin embargo, no soporta la teoría más básica de comercio internacional que explica que la ganancia del comercio está en la mayor expansión de las posibilidades de producción que se da como resultado de la especialización de cada país en la producción de aquellos bienes en los que tiene ventaja comparativa (concepto bastante más complicado de lo que parece, la entrada sobre esto en Wikipedia da una explicación sencilla), sin importar cuál es el origen de esta ventaja comparativa.
Sin embargo, a pesar que los expertos en la teoría del comercio internacional comparten esta posición sobre la ganancia del comercio, la idea de que la necesidad de exigir reglas más "justas" al otro país como condición para beneficiarse del comercio es muy aceptada en la opinión pública y en círculos intelectuales (ver Ricardo's difficult idea, de Paul Krugman), y ha tenido un papel preponderante en las negociaciones de los tratados de libre comercio que proliferan en los últimos años. Así, a nadie le parece extraño que un tratado que debe liberalizar el comercio entre dos países incluya cláusulas sobre ajustes legales que tiene que hacer una de las dos partes, en asuntos no relacionados directamente al comercio, pues se cree que estos son una condición necesaria para beneficiarse de este.
Con esto quiero decir que, no sólo las leyes que se intentan imponer a otros países mediante TLCs para consolidar una posición de dominio o para beneficiar a intereses privados o estatales de un país en particular en el otro son negativas. El imponer leyes mediante TLCs, así sean por consideraciones de justicia no es ni necesario ni bueno (1). Existen, desde distintos puntos de vista respetables, muchas situaciones injustas e indignantes en el mundo, sin duda, pero el libre comercio no es necesariamente el encargado de cambiarlas. No se puede pedir al comercio internacional que obligue a un país con reglas de juego "injustas" a imponer reglas "justas". Análogamente, la idea de justicia de un país con el que se desea comerciar no puede usarse para imponer reglas que las decisiones de los individuos del país propio no han generado.
Esto último es especialmente importante pues nadie lo menciona. Nadie reclama en principio que se eliminen temas no relacionados al comercio de las negociaciones comerciales. El reclamo, más bien, se da cuando estos temas afectan intereses particulares: los empresarios reclamarán cuando un TLC obligue a hacer más dura la legislación laboral, los pueblos indígenas reclamarán cuando un TLC haga más flexibles las leyes sobre sus tierras. En realidad, contra lo que se debería reclamar, especialmente en los sectores favorables al libre comercio es contra la desvirtuación del principio de libre comercio, al atarlo a consideraciones que nada tienen que ver con las ganancias que este genera.
Los decretos que hoy han ocasionado la gigante protesta amazónica, se hicieron pasar con la excusa del TLC. Más allá del detalle legal sobre si el ejecutivo efectivamente contaba con la autorización para pasar estos decretos o si estos en realidad no estaban entre las exigencias del TLC y se camuflaron entre otros que sí lo estaban, el punto es que el TLC no debió exigir en principio nada de este tipo.
Los TLCs sirven para abrir el comercio entre dos o más países que consideran que abriendo el comercio entre ellos aumentarán sus beneficios, y deberían servir exclusivamente para esto. Al utilizar el libre comercio para cambiar las reglas de juego extranjeras, se desvirtúa su esencia, se le da atribuciones que no merece y se crea la idea de que debería dar resultados que en principio no son necesariamente los que debe dar. Las reglas de juego internas que un país elige deben ser siempre potestad de los pobladores de este país -representados por sus gobernantes-, y la decisión de comerciar o no con otro país, también. Asímismo, la ganancia de comerciar con otros países nada tiene que ver con las reglas de juego de los otros países, que fueron definidas por circunstancias históricas, sociales, culturales, económicas y políticas del propio país.
La idea de que cierta condición de justicia, definida por alguna de las partes que quiere comerciar, es necesaria en los países que participen del comercio para que este sea beneficioso da pie a la imposición de reglas de juego distintas a las locales, decididas de una forma exógena a la realidad de cada país. En ese sentido, esa idea es peligrosa pues estas reglas de juego no consensuadas localmente crean conflictos, y es doblemente peligrosa cuando se usa para condicionar la incorporación de los países al comercio internacional, ya que crea más presiones para implementar reglas conflictivas bajo la esperanza de prosperidad asociada al comercio.
En el Perú estamos viviendo hoy las consecuencias de interpretar mal -no a nivel local, si no a nivel mundial- la función del comercio, por lo que pienso que este TLC así no debió ser. No debieron incluirse en el tratado capítulos sobre legislación no relacionada al comercio. Tampoco debieran ser así los próximos que se firmen. Pero bueno, sería iluso pensar que de la noche a la mañana los hacedores de política, los negociadores y los lobbies de todo tipo -acá pero sobretodo en el extranjero- hagan caso a la teoría que descansa escrita hace casi doscientos años.
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(1) Ver también "What should trade negotiators negotiate about?" de Paul Krugman, en Journal of Economic LiteratureVol. XXXV (March 1997), pp. 113–120
5 comentarios:
Ya, claro pero qué hay de lo que el parlamento de Canada está pidiendo de Uribe antes de finalizar su TLC, como el que quieran que el gobierno de Uribe muestre una mejor relación con los grupos de derechos humanos de Colombia. Eso contaría como pedir que se cambie algo en el otro país que no tiene que mucho que ver con el comercio en sí, pero no creo que sea algo malo.
Claro, pero una cosa es decidir no comerciar con alguien por consideraciones morales (yo no comercio contigo porque no compartes mis principios) y otra cosa es, mediante capítulos en el tratado, tratar de condicionar el comercio a la aceptación del otro país de tus propias reglas de juego, bajo la premisa que así el comercio será beneficioso.
No tiene nada de malo querer que en otros países se respete un valor propio que se considera debería ser universal, como los derechos humanos. Condicionar el comercio al respeto de este principio se podría decir que tiene algo de malo en tanto retrasa las posibles ganancias del comercio hasta que se respete este principio, siempre y cuando la valoración que se da en Canadá al respeto de este principio en el extranjero no sea mayor que los beneficios de comerciar, si este fuera mayor entonces la condición sería eficiente, pues el valor neto (valoración del respeto de los ddhh en el extranjero-costo de oportunidad de no comerciar) es positivo, y tiene sentido no comerciar si no se respetan los DDHH en Colombia. Personalmente no creo que el valor de los DDHH sea menor que el beneficio del comercio, pero es una valoración subjetiva que no tiene que ser necesariamente igual en todo el mundo. Cada país tendrá derecho a elegir sus preferencias antes de comerciar con Colombia, y Colombia sus preferencias entre violar DDHH o comerciar, pero la presión sobre estas preferencias no es tarea de los negociadores de tratados de libre comercio, si no más bien de los organismos internacionales pertinentes.
Lo que estaría mal sería intentar poner esta condición dentro del TLC, disfrazándola de una condición necesaria para obtener beneficios del comercio.
Es decir, Canadá está en todo el derecho de privarse de comerciar con Colombia si considera que su política de derechos humanos es inadecuada; pero si eligiera no privarse de comerciar con Colombia, los negociadores del TLC no tendrían por qué hablar de derechos humanos, ya que no tiene nada que ver con su función (que Colombia viole DDHH no impedirá que ambos se beneficien del comercio).
Ah, y en el último párrafo es "sino" no "si no".
Por todas las de gobernadora con b.
" Cada país tendrá derecho a elegir sus preferencias antes de comerciar con Colombia, y Colombia sus preferencias entre violar DDHH o comerciar"
Muy logico pero con este tipo de razonamiento nos vamos a la m...tambien desde el punto de vista ambiental
Amazilia, no estoy muy seguro de cómo relacionar la cita que pones con lo que afirmas abajo. Pero, en todo caso, la idea de mi post no dice ni que el comercio vaya a hacer más eficiente el uso y la relación del ser humano con el medio ambiente, ni que la vaya a empeorar, si no simplemente que las ganancias del comercio vienen estrictamente por el comercio en sí y que como tal no se le debe pedir al comercio ni a los tratados comerciales ser los encargados de solucionar problemas -o cambiar reglas con la excusa de solucionar problemas- ajenos al comercio, o no creados por éste.
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