En estos días existe un gran debate en torno al proyecto presentado por Martha Hildebrandt sobre el cobro de pensiones a los egresados de colegio particulares que estudien en universidades nacionales. Hasta ahora el debate había girado en torno a si era justo o no el cobro, basándose en interpretaciones de la Constitución del 93 y la Constitución del 79 y en consideraciones éticas superficiales sobre el asunto. Así, por ejemplo, Augusto Álvarez Rodrich se manifestó, en base a lo segundo, a favor de la idea sobre el principio de que "la universidad pública no debe ser gratuita para los que sí están en condiciones de pagar por ella, y debe ayudar más a los que de verdad lo requieren.". Por otro lado, basándose en la idea de la educación como derecho, Roberto Bustamante criticó en un post el proyecto, asegurando que la educación de por sí ya no es gratuita, puesto que todos pagamos impuestos, y que el cobro sería un impuesto a las sobreganancias.
Sin embargo, hoy he leído un interesantísimo post del economista Stanislao Maldonado en el que introduce nuevas consideraciones al debate. Partiendo de la distinción entre libertad positiva y libertad negativa que hace Isaiah Berlin, sugiere que la educación como derecho también tendría una dimensión positiva y una negativa. La dimensión negativa se refiere a la ausencia de restricciones y la dimensión positiva a la capacidad de autodeterminación y control del individuo. Pone un ejemplo para ilustrar la idea:
Por ejemplo, si alguien quiere estudiar en la universidad pero encuentra que existen disposiciones normativas que impiden que las personas de su origen étnico y/o condición socio-económica puedan hacerlo (ejm: el apartheid en Sudáfrica), entonces estaríamos ante una clara violación de la dimensión negativa del derecho. Pero si dichas restricciones no existiesen, y observásemos que sistemáticamente las personas de este origen étnico y/o condición socio-económica no logran acceder a la universidad, entonces estaríamos hablando de la violación de la dimensión positiva del derecho a la educación.
Además, aplicando el principio de diferencia de John Rawls, critica la idea de que el derecho tenga que ser igual para todos y afirma que "al velar por el cumplimiento del derecho de la educación debemos poner especial énfasis en la situación de los menos aventajados a la hora de juzgar nuestro marco normativo e institucional al respecto".
Así, llega a una conclusión: el aseguramiento por parte del Estado de la dimensión negativa del derecho asegura de por sí la dimensión positiva de un grupo aventajado, pero esto es insuficiente para el resto de la población. Sobre esto plantea que el Estado debería garantizar la dimensión positiva a toda la población, lo que actualmente no se da en la práctica.
Para entender mejor la idea, haré un ejemplo: con la educación gratuita y universal, se garantiza legalmente que todos tengan, en teoría, el derecho a seguir una carrera. En ese contexto, Pepito, que viene de una familia relativamente adinerada termina el colegio, postula e ingresa a una universidad nacional y estudia en la misma sin pagar un sol de pensiones, al mismo tiempo que sus padres le subvencionan la vivienda y el alimento durante lo que dure su carrera. Así Pepito puede estudiar feliz y eventualmente se conseguirá algún trabajo a medio tiempo para algunos gastos adicionales. Para Pepito, el derecho a la educación es una realidad. Por otro lado, Juanito, que viene de una familia pobre, termina el colegio, postula e ingresa a una universidad nacional, comienza a estudiar sin pagar ninguna pensión y consigue un trabajo a medio tiempo para subsistir. Sin embargo, después de unos meses Juanito se da cuenta que lo que gana trabajando a medio tiempo no le alcanza, necesita trabajar más horas para poder vivir y eso significa que debe estudiar menos horas. Dependiendo de la gravedad del caso, se podría dar el escenario en que Juanito tenga que abandonar por completo sus estudios. En ese caso, Juanito no está gozando de la dimensión positiva del derecho a la educación, y esto se debe a que, si bien el Estado en teoría garantiza ese derecho con la educación gratuita, la legislación no contempla la existencia del costo de oportunidad, es decir, a lo que Juanito tendría que renunciar para estudiar.
Esto último, relacionado al principio de diferencia, es especialmente importante pues lo que implica el costo de oportunidad de estudiar es diferente para los Pepitos que para los Juanitos. Mientras que para Pepito probablemente el costo de oportunidad sea el carro que podría comprarse si en lugar de estudiar siguiese viviendo con sus padres pero trabajando y ahorrando, para Juanito el costo de oportunidad es comer.
Entonces, por lo mismo que sabemos que los más pobres destinan un mayor porcentaje de su gasto a alimentos, podemos inferir que la magnitud del impacto negativo sobre el bienestar del individuo de cambiar trabajo por estudios guarda una relación inversa con su nivel de ingresos. Así, alguien de una familia adinerada estará más dispuesto a trabajar menos para estudiar más que alguien de clase media, y este a su vez estará más dispuesto que alguien de clase baja, quien probablemente estará indispuesto a sacrificar horas de trabajo por horas de estudio, debido a que el impacto que tendría sobre su bienestar atentaría contra su vida (para los más pobres: trabajar=comer, por lo tanto la disyuntiva sería entre comer y estudiar).
Sería interesante que en futuros proyectos de ley se tome en cuenta la necesidad de diferenciar entre los estudiantes no sólo en cuanto al pago que se deba hacer a la universidad, sino además la posibilidad de subsidiar el costo de oportunidad de algunos estudiantes más pobres (con algunos me refiero a las restricciones que se deberían hacer por rendimiento académico), para garantizar que así se cumpla efectivamente lo que dice la constitución: el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.
